El informe reveló incrementos de honorarios sin respaldo, montos desproporcionados en asesores y contrataciones fuera de norma. La investigación menciona a Iván Soriano Tenorio, Esteban Backit Nahum y Jefferson Adaro Valencia, y ordena ampliar el sumario interno para determinar responsabilidades.
La Contraloría puso bajo la lupa a la Municipalidad de Pucón tras concluir el Informe Final de Investigación Especial N°731 de 2025, el cual analizó una serie de denuncias sobre contrataciones, pagos de honorarios y designaciones administrativas realizadas durante la actual administración municipal encabezada por el alcalde Sebastián Álvarez.
La investigación tuvo como objetivo verificar posibles irregularidades relacionadas con la legalidad de contratos bajo el Código del Trabajo, subrogancias en distintas direcciones del municipio, acuerdos del concejo municipal, la contratación de asesores del alcalde bajo la modalidad de honorarios con montos elevados y eventuales conflictos de interés derivados de vínculos jerárquicos o familiares entre funcionarios.
Uno de los puntos más relevantes del informe se refiere a los pagos a asesores externos contratados a honorarios. La Contraloría analizó específicamente los casos de Iván Soriano Tenorio, Esteban Backit Nahum y Jefferson Adaro Valencia, quienes prestaban servicios al municipio en distintas áreas. En los dos primeros casos, el organismo fiscalizador detectó observaciones relacionadas tanto con la legalidad de las contrataciones como con la desproporción de los montos pagados en relación con las remuneraciones del personal municipal.
El informe también expone un ejemplo que evidencia esa diferencia salarial. Según los antecedentes revisados por Contraloría, uno de los asesores percibió $53.170.813 entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, mientras que un funcionario profesional grado 8° del municipio habría recibido $28.730.925 en el mismo período. La diferencia supera los $24 millones, cifra que fue utilizada por el organismo fiscalizador para demostrar la desproporción existente entre los honorarios pagados a asesores externos y las remuneraciones del personal de planta que desempeña funciones similares.
Contraloría aclaró que esa diferencia de más de $24 millones no corresponde necesariamente a un monto que deba devolverse, sino que representa la brecha entre los ingresos percibidos por el asesor y los de un funcionario municipal comparable, lo que refleja los pagos excesivos detectados.
Otro de los aspectos críticos del informe es que el municipio aprobó incrementos excepcionales de honorarios en marzo y mayo de 2025 sin contar con antecedentes que justificaran dichos aumentos ni con la autorización formal que los respaldara. Debido a esto, Contraloría ordenó que la Municipalidad de Pucón acredite documentalmente las devoluciones de dinero que deberán efectuar los prestadores que recibieron esos incrementos improcedentes, presentando órdenes de ingreso y cartolas bancarias que demuestren que los fondos fueron reintegrados al municipio.
El plazo para acreditar esas devoluciones es de 60 días hábiles desde la recepción del informe.
El organismo fiscalizador también detectó irregularidades en la forma en que se realizaron contrataciones bajo el Código del Trabajo. Entre noviembre de 2024 y el primer semestre de 2025, el municipio contrató 104 personas bajo este régimen, pero Contraloría constató que 16 contratos se extendieron más allá de marzo sin justificación y que 26 trabajadores cumplían funciones permanentes del municipio, algo que la ley no permite para este tipo de contratación, que está pensada para labores transitorias.
Asimismo, el informe advierte que durante la actual administración municipal se dictaron decretos alcaldicios que alteraron el orden jerárquico de subrogancias en distintas direcciones municipales, lo que no se ajusta a lo establecido por la normativa que regula la función pública. Por ello, Contraloría ordenó que en adelante estas designaciones respeten estrictamente la ley y el orden jerárquico correspondiente.
Pese a las múltiples observaciones, el informe también descarta algunas denuncias. El organismo fiscalizador concluyó que no se detectaron irregularidades en el concejo municipal realizado el 2 de junio de 2025, ni tampoco en la supuesta relación jerárquica entre los funcionarios Felipe Vega Sabugal y Natalia Rocío Barros Álvarez, ni en el eventual conflicto de interés vinculado a contrataciones relacionadas con la agrupación “Entre Espuelas y Puelches”.
En el caso de Jefferson Adaro Valencia, la Contraloría levantó una de las observaciones iniciales relacionadas con la legalidad de su contratación luego de que el municipio aportara antecedentes que aclararon esa situación.
Sin embargo, el organismo fiscalizador ordenó ampliar el sumario administrativo que la propia municipalidad ya había iniciado, instruyendo que el decreto alcaldicio que dio origen a ese proceso incorpore expresamente las observaciones detectadas sobre contratos a honorarios, montos desproporcionados y pagos improcedentes.
Ese procedimiento disciplinario deberá ser remitido a la Fiscalía de la Contraloría General de la República en un plazo de 15 días hábiles, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que, por acción u omisión, permitieron estas situaciones.
El informe final deja así a la Municipalidad de Pucón enfrentada a una serie de correcciones obligatorias, entre ellas acreditar devoluciones de dinero, ajustar sus procesos de contratación y reforzar los mecanismos de control interno, todo en el contexto de la actual administración municipal encabezada por el alcalde Sebastián Álvarez.
Nota del editor: la información fue acondicionada debido a imprecisiones del escrito original.