A pesar de los avances de la normativa, en la región aún existen más de 13 mil deudores vigentes, el 96% de ellos hombres, lo que afecta directamente a casi 19 mil niños, niñas y adolescentes.

A más de un año de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, conocida popularmente como Ley “Papito Corazón”, las cifras en La Araucanía siguen revelando una preocupante realidad: solo el 46% de los deudores ha logrado saldar sus obligaciones o llegar a acuerdos ante tribunales.

Según datos del Registro Nacional de Deudores, actualmente 13.742 personas mantienen deudas vigentes en la región, de las cuales un 96% corresponde a hombres. Esta situación impacta directamente en 18.731 niños, niñas y adolescentes, quienes continúan a la espera de recibir el apoyo económico que les corresponde por derecho.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género de La Araucanía, Sol Kaechele, destacó que la ley ha sido una herramienta fundamental para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones parentales.

“Esta normativa ha permitido apoyar principalmente a madres que durante años han debido asumir solas la crianza y manutención de sus hijos. La posibilidad de realizar cobros forzosos ha sido clave para avanzar hacia una mayor justicia familiar”, señaló.

Herramientas de cobro y fiscalización

La ley contempla mecanismos de cobro forzoso desde cuentas bancarias, instrumentos financieros e incluso fondos previsionales. Además, establece el reintegro automático al registro en caso de reincidencia, reforzando la trazabilidad de los deudores.

Actualmente, más de 2.170 instituciones se encuentran enroladas ante el Registro Civil para consultar o emitir certificados relacionados con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, lo que ha permitido mejorar la fiscalización y seguimiento de los casos.

Avances y desafíos

Desde su entrada en vigor en 2023, 11.787 personas han regularizado su situación, pero aún más de la mitad de los inscritos no ha cumplido con sus obligaciones. Para la seremi Kaechele, los desafíos siguen siendo profundos:

“Aún existen resistencias culturales respecto al rol paterno y a la corresponsabilidad. Es fundamental reforzar la conciencia de que el pago de una pensión alimenticia no es opcional, es un deber y un derecho de los niños y niñas”, afirmó.

Más allá de los números, el impacto social y económico del impago de pensiones es evidente. Los hogares encabezados por mujeres que no reciben estos recursos enfrentan mayores dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud o educación.

La Ley “Papito Corazón” ha marcado un avance importante, pero los datos de La Araucanía reflejan que todavía no logra garantizar ni la mitad de los pagos adeudados, dejando en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de cumplimiento y de educación en responsabilidad parental.